Te explicamos de qué se trata este pago de derechos al alumbrado
¿Sabes que con la nueva fórmula para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que se aplicará en algunos municipios de la entidad a partir de 2022, nadie pagará más de lo que pagaba antes?
Esto se debe a que se diseñó una nueva fórmula que viene acompañadas de un estímulo fiscal que garantiza que nadie pague ni un peso más de lo que pagaba bajo el esquema anterior.
Lo que permite que aun cuando la nueva cuota de DAP resulte superior a lo que les tocaba pagar con la vieja fórmula, el municipio establecerá un estímulo fiscal para que lo que tengan que pagar por el Derecho de Alumbrado Público se reduzca hasta un monto similar, sin que exista un incremento.
Por ejemplo, si su consumo mínimo de electricidad es de 22 pesos mensuales, seguirán pagando 1.43 pesos de DAP, independientemente del municipio en el que se encuentre, aun cuando la nueva cuota sea de 11.93 (como es el caso de Tetela de Ocampo) o de 414.37 pesos (en el caso de San Nicolás de los Ranchos), por lo que la economía familiar no se verá afectada.
De igual manera, los hogares que consumen mil pesos de luz al mes, antes le correspondía pagar 65 pesos de DAP, por lo que en municipios en los que la nueva cuota de DAP sea menor o igual a 65 pesos deberá pagar la nueva cuota completa y no tendrá estímulo fiscal. Para este tipo de hogares en municipios con nuevas cuotas DAP superiores a 65 pesos, tendrán un estímulo fiscal y seguirán pagando 65 pesos de DAP en 2022.
Gracias al estímulo fiscal obligatorio y a la nueva fórmula de pago, se garantiza que nadie acabe pagando ni un centavo más de lo que pagaba con el esquema anterior, el cual se declaró inconstitucional.
Para quienes la nueva cuota mensual resulte superior a la que pagaban anteriormente, el municipio establecerá un estímulo fiscal para que su nueva cuota mensual no se incremente.
El nuevo esquema también obliga a los municipios a que les rindan cuentas a los ciudadanos de lo que se cobra y a utilizar los cobros del DAP para garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de alumbrado público, evitando mecanismos poco transparentes e inconstitucionales.
