13 noviembre, 2025 12:51 pm
La Fiscalía General del Estado de Puebla ha iniciado investigaciones a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, derivadas de la salida de los servidores públicos Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez.
Estos funcionarios estaban adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, respectivamente.
La Fiscal General del Estado ha reafirmado su compromiso con la legalidad, la ética y la integridad institucional, destacando que no se tolerarán actos de corrupción ni conductas que contravengan el servicio público dentro de ninguna de las áreas administrativas de este organismo autónomo.
Reestructuración y Fortalecimiento Institucional
Como parte de una estrategia integral para fortalecer las capacidades operativas y administrativas de la Fiscalía General del Estado, se han llevado a cabo cambios en posiciones clave dentro de diversas áreas sustantivas. Entre las modificaciones destacan los movimientos realizados en las siguientes Fiscalías:
– Fiscalía de Investigación Metropolitana.
– Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión.
– Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia.
La institución ha aclarado que estos cambios obedecen a renuncias voluntarias por parte de los titulares, motivadas por razones personales y profesionales, descartando cualquier relación con actos de corrupción.
Además, se subraya que estas modificaciones se llevaron a cabo conforme a los procedimientos administrativos internos establecidos.
Nuevos Nombramientos
En el marco de esta reestructuración, se han designado nuevos titulares en las siguientes Unidades Administrativas:
– Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
– Fiscalía Regional.
– Coordinación General de Investigación.
Estos nombramientos buscan reforzar el compromiso institucional con la eficiencia operativa y garantizar un acceso más efectivo a la justicia para la ciudadanía.
