Algo pudrió el trabajo al interior de la Auditoría Superior del Estado.
La ambición, la presión, la omisión, la traición, las componendas y el negocio, parte del descalabro.
Aunado a ello, la presunta responsabilidad de su -hasta ahora titular- Francisco Romero Serrano en el delito de violencia familiar contra un menor de edad.
Al poder legislativo le fue notificado por oficio enviado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, la medida cautelar en contra de Romero Serrano para suspenderlo de su función como Auditor Superior.
Fue una instrucción a rajatabla.
Francisco Romero, además, de caer en la gran tentación, del nepotismo, tráfico de influencias y su presumible acción de negociar revisión y ajustar cuentas con despachos externos que él operaba, vigilaba y ordenaba a sujetos de revisión.
Esta última situación tendrá que revisar y en su defecto comprobar la apresurada Comisión Especial para la Vigilancia del trabajo al interior de la ASE.
Así las cosas.
La Auditoría Superior del Estado, órgano que debe transparentar las cuentas públicas de las distintos órdenes de gobierno, organismos descentralizados, simplemente se oxidó.
Francisco Romero, está arrinconado.
Tendrá que responder por dos vías legales, la ley de responsabilidades de funcionarios públicos y por el delito de violencia familiar.
Nada fácil para uno de los hombres que tenía en sus manos la posibilidad de trascender por su responsabilidad que le enmarcaba o por lo menos de sugería la Auditoría Superior del Estado.
Ahora, el Poder Legislativo tendrá que sustituir de inmediato al funcionario que saldrá por la puerta trasera luego de su paso por la dependencia.
A Romero Serrano le toca responder a la ley.
La ambición y la traición su sello, ya le señalan.
Romero Serrano de cazador de responsabilidades administrativas, pasó a ser cazado por su irresponsabilidad administrativa y familiar.
Que pena.
