15 agosto, 2024 11:21 pm
El Periódico Oficial del Estado de Puebla publicó este jueves la reforma al Código Penal que despenaliza el aborto en la entidad.
El texto se refiere a la garantía que tienen ahora las mujeres o personas gestantes que así lo decidan, puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria.
Además, el derecho de la mujer o persona gestante a decidir sólo puede comprender el procedimiento de interrupción del embarazo dentro de un breve periodo cercano al inicio del proceso de gestación.
“El plazo de doce semanas se juzga razonable para que tenga lugar la íntima reflexión de la mujer, se preste la asesoría médica y psicológica y, en su caso, se ejecute el procedimiento correspondiente”, dice el Código.
Al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción.
Asimismo, indica que, la penalización del aborto autoprocurado o consentido anula por completo el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su maternidad, ya que la elección de interrumpir el embarazo se considera como delito y se castiga con pena de prisión, incluso durante el primer trimestre del proceso de gestación; etapa en la que se reconoce y se debe respetar plenamente el ejercicio de este derecho constitucional.
En suma, señala que la inhabilitación del ejercicio de la profesión tiene un efecto discriminatorio en contra de las personas prestadoras de servicios de salud que practican interrupciones del embarazo ya que, al considerarse que el aborto es un delito, se perpetúa el estigma de que son “sucias” o “asesinas”; situación que no sólo les afecta a ellos y a ellas y a la forma en que desempeñan su labor, sino que genera un impacto directo en el propio sistema de salud y en el ejercicio de los derechos de las mujeres.
