¿Menos drogas o más influencia? El examen de Washington

Dicen que la historia es cíclica y hoy, pareciera que se repiten escenas que México conoce demasiado bien: Washington evalúa, reparte reconocimientos y advierte que la cooperación todavía no alcanza. Cambian los presidentes y las drogas que dominan la conversación, pero permanece una pregunta incómoda: ¿Quién evalúa al evaluador?

En un análisis publicado por InSight Crime el pasado 24 de septiembre devuelve esa discusión a la mesa. Deborah Bonello y Jeremy McDermott examinan las recientes decisiones antidrogas de Estados Unidos y encuentran una mezcla de resultados, afinidades políticas y presión diplomática (¡qué raro!). Venezuela salió (sospechosamente) del grupo de países señalados por incumplimiento, mientras Colombia y Bolivia permanecieron. Para México hubo reconocimiento por mayores decomisos, acompañado de una exigencia de acciones adicionales contra las organizaciones delincuenciales. La lectura de esto es clara: la calificación también sirve para orientar el comportamiento de otros gobiernos.

La escena recuerda a los fosforescentes años noventa, aunque conviene precisar algo: Estados Unidos no está resucitando un mecanismo que hubiera desaparecido por completo. La certificación por cumplir con la lucha contra el narcotráfico establecida en a la Ley Antidrogas de 1986 del Congreso norteamericano y la cual fue modificada en 2002. Cambió el procedimiento, pero se conservó la facultad presidencial de señalar a los países que incumplen manifiestamente sus compromisos antidrogas y restringir determinada asistencia. La evaluación unilateral sobrevivió a la reforma.

También hay que distinguir dos cosas que suelen confundirse. Figurar entre los principales países de producción o tránsito de drogas no equivale a estar descertificado. Una clasificación identifica la relevancia de un territorio para esos mercados; la otra cuestiona los esfuerzos de su gobierno. México aparece en la primera, pero no entre los países señalados por incumplimiento en la determinación para el año fiscal 2027. Presentarlo como un país ya descertificado sería incorrecto.

En los noventa tampoco hubo una descertificación de México, aunque sí fuertes intentos de revertir las decisiones favorables de la Casa Blanca. El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense documentó que México recibió la certificación durante todo el periodo de 1986 a 2002. En 1997, la confrontación legislativa llegó especialmente lejos: se discutieron exigencias sobre extradiciones, cooperación con agentes estadounidenses y operaciones marítimas. La disputa servía para negociar condiciones concretas de la relación bilateral.

Ese antecedente ayuda a entender el presente. La presión puede producir efectos antes de que llegue una sanción. Basta con mantener abierta la posibilidad de una mala evaluación para intentar influir en prioridades, tiempos, decisiones (probablemente operativas) así como apoyos (de los cuales muchas instituciones policiales podrían verse afectadas). Mi lectura (mía de mí) es que ahí está el parecido más importante con aquella época: Washington conserva la capacidad de convertir su reconocimiento en una herramienta de negociación (o presión).

La dimensión política, además, está incorporada al propio mecanismo. La legislación permite mantener determinada asistencia a un país señalado si el presidente considera que resulta vital para los intereses nacionales estadounidenses. Esa excepción puede tener razones legítimas, pero demuestra que el resultado no depende exclusivamente de decomisos, investigaciones o sentencias. También interviene lo que Washington considera conveniente para sí mismo.

Para México, el riesgo es terminar administrando la seguridad con la mirada puesta en el siguiente examen estadounidense. Una captura de alto perfil puede ofrecer una respuesta inmediata a la presión diplomática. Desarrollar policías investigadoras, protección a testigos colaboradores, profesionalizar peritos y construir expedientes sólidos exige continuidad, presupuesto y años de trabajo. Si los incentivos favorecen únicamente lo que produce un anuncio, lo que sostiene una investigación puede quedar relegado.

Esto no significa que México deba desentenderse de sus obligaciones o responder a cada señalamiento con un discurso de soberanía. Investigar la protección institucional a la delincuencia, perseguir sus recursos y llevar a los responsables ante los tribunales son deberes propios. Deben cumplirse por las comunidades afectadas, independientemente de la opinión que merezcan en Washington.

Tampoco sería razonable aceptar una evaluación que deje fuera las responsabilidades estadounidenses. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, publicado en 2021, encontró que el 70 por ciento de las armas recuperadas en México entre 2014 y 2018 y sometidas a rastreo provenía de fuentes estadounidenses. El universo importa: se trata de armas recuperadas y enviadas a rastreo, no de todas las armas ilegales existentes en México. Aun con esa limitación, el hallazgo documenta una parte indispensable del problema bilateral.

Por eso, una cooperación seria tendría que medir compromisos de ambos lados: investigaciones sobre tráfico de armas, persecución del lavado de dinero, control de precursores, atención al consumo y resultados judiciales. México debe poder demostrar qué hace contra las organizaciones delincuenciales y exigir evidencia equivalente sobre las redes que operan al norte de la frontera.

También necesitamos discutir qué entendemos por éxito. Los kilos decomisados dicen cuánto se interceptó; por sí solos no explican cuánto disminuyó el mercado. Las detenciones deben evaluarse junto con las sentencias, la recuperación de activos y la capacidad de impedir que una organización reemplace a sus operadores. Para una familia, el resultado más importante puede ser mucho más concreto: dejar de pagar extorsión o poder denunciar sin abandonar su comunidad.

También se hace necesario entender el contexto actual donde, en los 90´s las organizaciones dedicadas al narcotráfico se dedicaban exclusivamente a ello, hoy en día pasamos de cárteles de drogas a instituciones delincuenciales transnacionales multipropósito. Es decir teniendo un amplio abanico de actividades delincuenciales tales como: narcotráfico, trata de personas, piratería, lavado de activos, minado de criptomonedas, tráfico de armas, extorsión, sicariato y un amplio etcétera; agregando como cereza al pastel que han sido señaladas por parte de la administración norteamericana como grupos terroristas.

La semejanza con los noventa merece atención porque plantea una vieja tentación: confundir una buena relación con Washington con una buena política de seguridad. Ambas pueden coincidir, pero una no garantiza la otra. México necesita cooperación, intercambio de información y responsabilidades compartidas (nos guste aceptarlo o no). Y necesita instituciones capaces de sostener esos acuerdos sin depender de la simpatía entre presidentes (¡esto sí a la voz de ya!).

La calificación decisiva tendría que venir de quienes viven con las consecuencias de la violencia y la delincuencia. El proceso de mejora continua de las instituciones policiales y de procuración de justicia debería ser más allá de una política de Estado, debería ser parte de la cultura organizacional Conseguir un reconocimiento extranjero mientras una comunidad sigue bajo amenaza sería aprobar el examen equivocado.

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