Legislatura

Comisión | Congreso aprueba reformas para reconocimiento de la movilidad y seguridad vial

Por Redacción

4 noviembre, 2020 2:18 pm




De la misma forma se realizó modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en la misma materia

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la LX Legislatura del Congreso del Estado, en sesión virtual, aprobó por unanimidad diferentes reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Puebla en materia de movilidad y seguridad vial, para armonizarla con la Constitución Mexicana a fin de reconocer estos derechos.

Entre otras cosas, la propuesta incluye que los gobiernos desarrollen instrumentos de financiamiento para establecer las herramientas e infraestructura en materia de movilidad, para reducir la congestión y contaminación, partiendo de que todas las personas deben tener acceso a este derecho y desarrollarse en un ambiente sano para su libertad

Como parte de la discusión, la presidenta de este cuerpo colegiado, la diputada Vianey García Romero, explicó que ésta sería la tercera reforma constitucional que se impulsó en al Congreso de la Unión, y para poderla armonizar se hace una reforma en lo local apoyada por diferentes colectivos en materia de movilidad y seguridad vial; asimismo, dijo se trata de una armonización con la Constitución Política Mexicana y adelantó la necesidad de realizar foros para impulsar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

En este sentido la diputada Mónica Lara Chávez celebró que se hayan acumulado las diversas iniciativas presentadas por las y los diputados en materia de movilidad humana cuyas acciones recaerán, también, en los municipios; por su parte, el diputado Javier Casique Zárate señaló que este proyecto es un paso más en el reconocimiento al derecho de la movilidad y seguridad vial y es un acto que transformará a las ciudades

Esta misma postura fue apoyada por diputada Tonantzin Fernández Díaz quien señaló que se debe promover y garantizar el derecho a la movilidad, mientras que el legislador Marcelo García Almaguer señaló que con esta iniciativa se avanza en la garantía de derechos de nueva generación y presentó propuestas reformatorias a fin de abonar en la redacción de la iniciativa; asimismo, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia pidió que la Ley se aplique a favor de la ciudanía y no quede en letra muerta.

En otro punto del orden del día las y los diputados aprobaron, por unanimidad, reformas a la fracción 7 del artículo 41 de la fracción primera y 18 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla a fin de establecer las facultades y obligaciones de la Secretaría de Infraestructura y la de Movilidad y Transporte para atender los principios de asequibilidad, seguridad vial, accesibilidad eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión, igualdad, equidad y modernidad con base en las reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla.

Al respecto, la diputada Vianey García Romero señaló que se buscará que estas medidas también se apliquen en las Ley Orgánica Municipal con la intención de que los ayuntamientos trabajen a favor del peatón y sean favorables con el medio ambiente, teniendo ciudades en las que se pueda vivir en armonía con el uso de bicicletas, así como el acceso a las personas con discapacidad.

Al respecto la diputada Mónica Lara Chávez señaló que espera ver la trasformación radical  para que tengan integración, movilidad y no violencia, mientras que  la legisladora Tonantzin Fernández Díaz, dijo que uno de los principales problemas es la falta de movilidad como la deficiencia en el transporte público y la mala situación de las carreteras por lo que señaló que es necesario que las autoridades fomenten políticas publica a favor de la movilidad y seguridad vial y el diputado Marcelo García Almaguer propuso que dentro de las reformas se incluya la innovación tecnológica.

En la sesión virtual también se contó con la participación del diputado Juan Pablo Kuri Carballo.

El dictamen fue turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y, en su caso, aprobación final.





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