Los mexicanos estamos siendo testigos de una violación sin precedentes a las reglas electorales.
Los aspirantes para suceder a López Obrador desde la coalición gobernante han desplegado una aparatosa actividad proselitista desde finales del 2021 cuando el presidente dio el banderazo de salida a la sucesión del 2024.
Ahora, además, con más de cinco meses de anticipación a las fechas legales, han iniciado un proceso de selección de su candidato a la Presidencia de la República, y de dos candidatos al Congreso de la Unión, tratando de engañar a la ciudadanía, a la autoridad electoral y a los partidos que no forman parte del bloque gobernante, con el argumento de que eligen al coordinador de los Comités de Defensa de nadie sabe qué.
En todos lados vemos propaganda que impulsa a Sheinbaum, a Ebrard y a López como los futuros presidentes de México. La cantidad de bardas rotuladas a lo largo del país es escandalosa. En todos los espacios noticiosos y en todos los medios impresos se ven, se escuchan y se leen entrevistas con los personajes que aspiran a la presidencia en una clara precampaña electoral que, tratando de ser generosos con el calificativo es, por lo menos, tramposa.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha otorgado medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva para señalar a los precandidatos que, si siguen haciendo lo que están haciendo, incurrirán en violaciones a la ley que pueden generar que se les niegue el registro como candidatos al cargo por el que aspiran.
Por su parte, el Tribunal Electoral, confirmó la legalidad de las medidas cautelares para que Sheinbaum, Ebrard y López se abstengan de realizar acciones proselitistas que fueron previamente otorgadas por la Comisión de Quejas del INE.
La trampa que se cocinó en Palacio Nacional chocará de frente con la legalidad y con el ejercicio de la función electoral.
Esa trampa profundizará la polarización en México. El desenlace puede ser más peligroso que el del 2006 y puede poner en riesgo la paz y la seguridad de la patria.
Hoy, aunque contamos con reglas que definen puntualmente las obligaciones de los servidores públicos para no aprovecharse de su encargo para favorecer aspiraciones electorales, ni usando programas y recursos públicos, ni generando propaganda gubernamental personalizada para posicionar su imagen entre el potencial electorado vemos con claridad el profundo desprecio que el presidente y sus corcholatas le tienen a esas reglas.
El andamiaje jurídico diseñado colocó a los partidos políticos, al INE y al Tribunal Electoral, como las instancias competentes para velar por el cumplimiento de las reglas en cuestión y para, en su caso, aplicar las sanciones que resultaran procedentes.
Desafortunadamente, desde Palacio Nacional, instruye de manera diferente quien no pasará a la historia como el estadista que se propuso.
